#mañaneradelpueblo, desde palacio nacional. viernes 18 de octubre 2024

El documento presenta las acciones del presidente Lázaro Cárdenas durante su gobierno, como la expropiación de las empresas petroleras y la creación de Petróleos Mexicanos, lo cual generó ataques de la oposición, la burguesía nacional, los empresarios extranjeros y la prensa. Sin embargo, Cárdenas enfrentó estas acciones con determinación y contó con el apoyo del pueblo, quien lo veía como un mandatario austero, honesto y cercano a sus preocupaciones. Se destaca que la visión y la manera en la que Cárdenas hizo realidad estas medidas representan un ejemplo para todas y todos.

Se presenta el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México y mano derecha del ex presidente Felipe Calderón, quien fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por participar en una empresa criminal continua y conspiración para la distribución internacional de cocaína. La Fiscalía General de la República de México también tiene investigaciones abiertas en su contra por delitos como el uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa.

Se menciona que la Policía Federal, el CICEN y el ODPRIS otorgaron 30 contratos a empresas del grupo Wehmberg, encabezado por Mauricio Samuel Wehmberg, López y Jonathan Alexis Wehmberg Pinto, por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos. Esto se considera como una red de corrupción y lavado de dinero internacional en la que participaron varias personas físicas y empresas.

Se explica que la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones o de APRIS, obteniendo 61 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 fueron cumplidas y 36 están vigentes. Además, el gobierno de México presentó una demanda civil para la recuperación de activos por más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el grupo Wehmberg.

Se explica que diversos jueces de distrito han emitido resoluciones de suspensión en todo el proceso de la reforma al Poder Judicial, intentando impedir la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en esta materia. Sin embargo, se argumenta que estas acciones carecen de sustento jurídico, ya que la reforma al Poder Judicial es una facultad soberana del constituyente permanente, exenta de revisión judicial, y no existe en el sistema jurídico mexicano una disposición que otorgue al Poder Judicial la facultad de cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución.

Se menciona que la Fiscalía General de la República tiene abiertas al menos tres investigaciones contra Genaro García Luna: una relacionada con la operación "Rápido y Furioso", otra por el uso indebido de atribuciones y facultades en la construcción de centros de readaptación social, y una más por su participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Sin embargo, en este último caso, un juez negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía.

Se explica que la reforma al Poder Judicial busca construir un sistema de justicia y un Poder Judicial distinto al actual, en el que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo y no nombrados por alguien, y exista un tribunal de disciplina que sancione a quienes cometan actos de corrupción o irregularidades. Esto, según se argumenta, garantizará que el Poder Judicial responda al pueblo y no a intereses particulares.

Se aborda la solicitud de una jueza de Veracruz para que se elimine la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de reforma al Poder Judicial. Se explica que esta solicitud carece de sustento jurídico, ya que la reforma constitucional es una facultad soberana del constituyente permanente, exenta de revisión judicial, y no existe una disposición legal que otorgue al Poder Judicial la facultad de cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución.

Se menciona que la Fiscalía General de la República tiene abiertas investigaciones contra Genaro García Luna por su participación en la operación "Rápido y Furioso", en la que se introdujeron ilegalmente más de 2,000 armas a México, y por el uso indebido de atribuciones y facultades en la construcción de centros de readaptación social a través de contratos con la iniciativa privada.

Se explica que la reforma al Poder Judicial busca garantizar la independencia y autonomía de los jueces y magistrados, al ser electos por el pueblo y no nombrados por alguien. Además, se establece un tribunal de disciplina que sancionará a quienes cometan actos de corrupción o irregularidades, lo cual, según se argumenta, permitirá que el Poder Judicial responda al pueblo y no a intereses particulares.

Se menciona que la Fiscalía General de la República tiene una investigación abierta contra Genaro García Luna por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, cuando García Luna se desempeñaba como subdirector operativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CICEN). Sin embargo, un juez negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía en este caso.

Se explica que la reforma al Poder Judicial busca garantizar la independencia y autonomía de los jueces y magistrados, al ser electos por el pueblo y no nombrados por alguien. Además, se establece un tribunal de disciplina que sancionará a quienes cometan actos de corrupción o irregularidades, lo cual, según se argumenta, permitirá que el Poder Judicial responda al pueblo y no a intereses particulares.

Se menciona que la Fiscalía General de la República tiene investigaciones abiertas contra Genaro García Luna por delitos como el uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Estas investigaciones se relacionan con la construcción de centros federales de readaptación social bajo el esquema de participación con la iniciativa privada, en la que se habrían generado sobrecostos y un quebranto a la hacienda pública.

Se explica que la reforma al Poder Judicial busca garantizar la independencia y autonomía de los jueces y magistrados, al ser electos por el pueblo y no nombrados por alguien. Además, se establece un tribunal de disciplina que sancionará a quienes cometan actos de corrupción o irregularidades, lo cual, según se argumenta, permitirá que el Poder Judicial responda al pueblo y no a intereses particulares.