abasto de combustible, en camino hacia la normalidad
Resumen Automático
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentó un informe sobre los convenios suscritos por servidores públicos de Pemex relacionados con la estafa maestra. Confirmó que tres servidores públicos participaron como firmantes responsables de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior entre 2012 y 2018. Dos convenios específicos con la Universidad Popular de la Chontalpa y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco rebasaron el límite permitido y equivalieron a 145 millones 841 mil pesos y 99 millones 935 mil pesos respectivamente.
La secretaria informó que se iniciaron investigaciones de evolución patrimonial para detectar inconsistencias en el patrimonio de los tres servidores públicos. Además, se investigarán posibles omisiones de funcionarios de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción. La SFP auditará al órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción. Se dará vista a la Fiscalía General de la República de posibles delitos que surjan de las investigaciones.
La secretaria comentó que se trabaja en propuestas de ley para transformar el esquema normativo y obligar a mayor control, fiscalización y rendición de cuentas de instituciones de educación superior. Señaló que el monto fiscalizado por la ASF en 2014 fue de 6.4% de los convenios de Pemex Exploración y Producción. Los seis convenios analizados son parte de 329 convenios por 26 mil millones de pesos.
La secretaria informó que el convenio de la Universidad Popular de la Chontalpa tuvo como objetivo servicios de asistencia técnica en producción y perforación de pozos. Se revisaron 8 mil 825 fojas y el costo fue de 145 millones 841 mil pesos, rebasando el límite. La universidad subcontrató a terceros sin capacidad técnica. El convenio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tuvo como objetivo servicios técnicos para proyectos de exploración y producción. El costo fue de 99 millones 935 mil pesos, rebasando el límite. El instituto subcontrató a diversas empresas a pesar de haber pactado no hacerlo.
La secretaria señaló que este modus operandi dispersaba recursos a través de subcontrataciones más allá de los límites establecidos, contraviniendo la ley. Los convenios contravinieron la Constitución al no asegurar las mejores condiciones para el Estado. La estafa fue maestra por pretender ser de perfecta legalidad, pero los servidores públicos responsables abdicaron su responsabilidad y los auditores fueron omisos.
La secretaria informó que instruyó investigaciones patrimoniales, investigaciones de omisiones de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, auditorías al órgano interno de control de Pemex, auditorías a convenios posteriores a 2013 y aleatorias en Pemex Exploración y Producción. Se presentarán denuncias ante la Fiscalía General por probables delitos. Se trabaja en reformas legales para evitar estos esquemas de complicidad y colusión que abusan de instituciones de educación superior.
La secretaria explicó que el sistema de declaraciones patrimoniales no transgrede la ley de protección de datos personales ni hace pública información no relacionada directamente con el funcionario. Se pueden hacer notas aclaratorias, como ella hizo con información que podía reservar. Exhortó al gabinete a abrir al 100% sus declaraciones, más allá de la ley. Informó que tienen posibilidad de emitir normas para mayor control de contralores y titulares de órganos internos de control, quienes serán corresponsables de daños al erario si permiten omisiones.
La secretaria explicó que el estatus legal y administrativo de los funcionarios actuales de Pemex está en manos de la empresa productiva del Estado. Señaló que se necesitan transformaciones legales para obligar a mayor control y rendición de cuentas de instituciones de educación superior y sus directivos. Informó que se trabaja con órganos de control de gobiernos estatales, pero se necesitan transformaciones legales para investigar universidades autónomas. Explicó que el monto fiscalizado por la ASF fue de 6.4% de los convenios de Pemex Exploración y Producción, pero la estafa pudo ser mayor.
La secretaria informó que se ha dado vista a la Fiscalía General para investigar un presunto delito. La investigación de los tres funcionarios concluirá en breve. Se coadyuvará plenamente con investigaciones de la Fiscalía General que surjan del caso y otros. Señaló que es una gran muestra de voluntad del gobierno combatir la corrupción. Informó que el intercambio interinstitucional está dado con la Fiscalía General.
La secretaria explicó que los convenios no los firman los titulares de dependencias, pero se buscará responsabilidad de quienes encabezaban las 11 dependencias implicadas. Señaló que es un asunto de obligación moral, pero se hará lo posible. Informó que se trabaja en propuestas de ley para evitar estos esquemas de complicidad y colusión que abusan de instituciones de educación superior. Explicó que el sistema de declaraciones patrimoniales no transgrede la ley de protección de datos personales ni hace pública información no relacionada directamente con el funcionario.
La secretaria informó que el convenio de la Universidad Popular de la Chontalpa tuvo como objetivo servicios de asistencia técnica en producción y perforación de pozos. Se revisaron 8 mil 825 fojas y el costo fue de 145 millones 841 mil pesos, rebasando el límite. La universidad subcontrató a terceros sin capacidad técnica. El convenio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tuvo como objetivo servicios técnicos para proyectos de exploración y producción. El costo fue de 99 millones 935 mil pesos, rebasando el límite. El instituto subcontrató a diversas empresas a pesar de haber pactado no hacerlo.
La secretaria explicó que este modus operandi dispersaba recursos a través de subcontrataciones más allá de los límites establecidos, contraviniendo la ley. Los convenios contravinieron la Constitución al no asegurar las mejores condiciones para el Estado. La estafa fue maestra por pretender ser de perfecta legalidad, pero los servidores públicos responsables abdicaron su responsabilidad y los auditores fueron omisos.
La secretaria informó que instruyó investigaciones patrimoniales, investigaciones de omisiones de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, auditorías al órgano interno de control de Pemex, auditorías a convenios posteriores a 2013 y aleatorias en Pemex Exploración y Producción. Se presentarán denuncias ante la Fiscalía General por probables delitos. Se trabaja en reformas legales para evitar estos esquemas de complicidad y colusión que abusan de instituciones de educación superior.
Transcripción
El día de hoy vamos a informar sobre el plan de combate al robo de combustible, la manera
en que se ha ido avanzando afortunadamente bien. En poco tiempo tenemos como meta ya
de habilizar por completo el abasto de combustible en muy pocos días más y son buenos los resultados.
Vamos a hacer un informe el día 21 de febrero, que se cumplen dos meses, pero queremos mostrarles
cómo vamos hasta ahora. También informarles que la Secretaría de la Función Pública
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