La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, presenta una propuesta de ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio. Esta ley busca homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, establecer penas de 40 a 70 años de prisión, sancionar la tentativa, y garantizar la debida diligencia en la investigación de estos casos. Además, se plantea la creación de unidades especializadas en las fiscalías y procuradurías, así como la coordinación interinstitucional y el establecimiento de políticas públicas integrales para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida.
La ley también contempla los derechos de las víctimas, tanto directas como indirectas, a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, la atención médica y psicológica, la asistencia jurídica gratuita, y la restitución digna de los cuerpos. Además, se establece la imprescriptibilidad del delito de feminicidio y la pérdida de derechos sucesorios y patria potestad por parte del responsable.
En cuanto a las políticas de prevención y atención, la ley propone la creación de una comisión especial dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que acompañe la implementación de la ley y articule una campaña permanente contra la violencia feminicida. Además, se plantea la elaboración de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
La Presidenta Claudia Sheinbaum destaca que esta ley es una propuesta que busca erradicar el feminicidio en México, garantizando que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como tal y que haya protocolos para castigar a los responsables, así como un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia feminicida. Señala que esta ley será enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación.
En relación con el Plan B, la Presidenta explica que su objetivo principal es disminuir los privilegios de los servidores públicos, como los altos salarios y bonos de diputados y consejeros electorales. Menciona que se busca que el Congreso apruebe esta iniciativa, que también incluye la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer año de gobierno, de manera concurrente con la votación de mitad de sexenio.
Sobre el derrame de petróleo en el litoral de Campeche y Veracruz, la Presidenta informa que se ha conformado un grupo interdisciplinario con diversas instituciones, como la Secretaría de Marina, Profepa, ASEA y Pemex, para investigar la causa del derrame y cuantificar los daños. Señala que se está trabajando en la limpieza de la zona y en el apoyo a los pescadores afectados.
En relación con las declaraciones de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, sobre la supuesta participación de sacerdotes en una reunión con el crimen organizado, la Presidenta indica que nadie está exento de la ley y que, si hubo algún delito, deberá ser investigado y sancionado, sin importar la posición de la persona.
Sobre el concierto de la paz realizado en Baja California y el Estado de México, la Presidenta destaca que forma parte del programa "Jóvenes Transformando México", que busca brindar a los jóvenes acceso a derechos como deporte, cultura y atención integral para aquellos en situación de riesgo. Menciona que este tipo de iniciativas contribuyen a la popularidad de su gobierno.
En cuanto a la ayuda humanitaria enviada a Cuba a través de la fragata mexicana, la Presidenta reafirma el principio de autodeterminación de los pueblos y la convicción de que nadie debe definir el destino de otra nación, sino su propio pueblo. Además, comenta sobre la propuesta del presidente de Brasil, Lula da Silva, de hacer una alianza entre Pemex y Petrobras para la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México.
Finalmente, la Presidenta destaca el trabajo realizado para traducir la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 67 lenguas indígenas y 69 variedades lingüísticas, como un proceso colectivo y único que permitirá la difusión de estos derechos en las comunidades indígenas del país.
