informe de acciones para la procuración de los derechos humanos

Se informó sobre la situación de las finanzas públicas en los estados. Se dijo que algunos estados tienen finanzas sanas, pero otros tienen problemas serios de deuda pública por el uso de esquemas como los PPS para construir obras a precios elevados. Se mencionó que la federación ha ayudado a estados con problemas para pagar nóminas y aguinaldos.

Se habló sobre la corrupción en el Congreso donde se repartían recursos a diputados y senadores para obtener sus votos. Se dijo que se repartían recursos para obras como banquetas y calles que luego eran destruidas y reconstruidas. También se repartían recursos para cultura, deporte e infraestructura.

Se informó sobre la aprobación de una ley de amnistía para beneficiar a personas con sentencia firme por delitos menores y que hayan sufrido irregularidades en su proceso. Se dijo que se han recibido 1798 solicitudes de amnistía y se han resuelto 1003. Se han declarado procedentes 103 solicitudes y 900 improcedentes. Falta por resolver 795 casos.

Se habló sobre la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Se dijo que el 45% de las agresiones provienen de autoridades municipales por intolerancia, corrupción o colusión con grupos delictivos. Se expresó la necesidad de revisar la ley para crear un sistema nacional de protección a periodistas.

Se informó sobre la construcción de 3 centros de identificación humana y 5 centros de resguardo temporal de cuerpos para atender la crisis forense en el país. Se estima que hay 52 mil cuerpos sin identificar y 95 mil personas desaparecidas. Se propuso crear un centro nacional de identificación humana.

Se habló sobre la construcción de centros de justicia para mujeres. Se dijo que de los 56 centros existentes, 16 se construyeron en este gobierno y 10 se remodelaron.

Se informó sobre la inversión de 6103 millones de pesos en derechos humanos en 3 años. Los recursos se han destinado a fortalecer comisiones de búsqueda, capacidades forenses, centros de justicia para mujeres, registros civiles, cumplimiento de sentencias y recomendaciones, mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y reparaciones a víctimas.

Se habló sobre el caso de la guardería ABC donde se han destinado 656 millones de pesos en reparaciones. 421 millones provienen del IMSS, 225 de la CEAV y 9.75 del fondo de la Segob. Se mencionó que faltaban familiares por recibir reparación.

Se informó sobre reparaciones por resoluciones de la CIDH como la construcción de un centro comunitario de la mujer indígena y un albergue en Guerrero por el caso Inés Fernández Ortega. En Chiapas se construyó un centro de salud por el caso Ángel Díaz Cruz. Se avanza en el acuerdo de Acteal con construcción de vivienda, electrificación y redes hidráulicas.

Se habló sobre el caso de Pasta de Conchos donde se han destinado 236 millones de pesos en indemnizaciones y obras como un memorial. Falta la construcción de vivienda y espacios públicos.

Se informó sobre la ley de amnistía y la Comisión de Amnistía. Se dijo que se han recibido 1798 solicitudes de amnistía y se han resuelto 1003. Se han declarado procedentes 103 solicitudes y 900 improcedentes. Falta por resolver 795 casos, de los cuales 642 corresponden a mujeres y 153 a hombres. Los delitos involucrados son contra la salud, beneficio de la ley de víctimas y abusos en comunidades indígenas.

Se habló sobre la necesidad de que los estados asuman su responsabilidad en derechos humanos. Se dijo que los estados aportan en promedio sólo el 10% de los recursos federales, excepto Coahuila. Se expresó la necesidad de fortalecer mecanismos estatales de protección a periodistas y de fortalecer autoridades de procuración e impartición de justicia donde hay 90% de impunidad en homicidios de periodistas.

Se informó sobre la sustitución gradual de los servicios de protección privada por protección federal. Se dijo que algunos beneficiarios se resisten al cambio por sus relaciones con los escoltas privados. Las decisiones sobre medidas de protección las toma la Junta de Gobierno del mecanismo con participación del Consejo Ciudadano, FGR, Segob y SSPC.